La matanza de Laredo, con 30 toneladas de mineral de por medio, podría ser el inicio de una guerra sin cuartel entre mineros informales e ilegales y “empresarios” de las malas artes, quienes en los últimos años se han encargado de generar muertes, contaminar ríos, quebradas y a evadir millones y millones de soles de impuestos bajo la desidia del Gobierno para ponerle fin a este grave atentado contra la naturaleza y recursos del Estado.

¿Qué ha hecho el Estado para frenar la depredación del medio ambiente por parte de la minería informal e ilegal? Casi nada. La formalización parece ser la entrega de un certificado para que más personas o empresas se sumen a la lista de agentes contaminantes.  ¿O una vez formalizados termina la contaminación?

La Libertad es una de las regiones con mayores reservas de oro, ya que, según los especialistas, aquí tenemos casi 500 toneladas de oro bajo tierra. Además, es uno de los departamentos con mayor cantidad de minería ilegal, así como, lamentablemente, somos la zona número uno en crimen organizado y la segunda, después de Lima y Callao, con más operaciones sospechosas de lavado de activos.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, la minería ilegal es el rubro con mayor cantidad de operaciones sospechosas de lavado de activos. Incluso está por encima del tráfico ilícito de drogas.

Tras la matanza de Laredo, las autoridades nacionales y regionales deben congelar todo tipo de minería ilegal, ya que no solo se trata de una de las actividades que ha dejado decenas de muertos y contaminación, sino también es el origen de millones de dinero sucio que posteriormente es lavado en bancos, constructoras, notarías, compra y venta de automóviles, cajas de ahorro y crédito, entre otras entidades.