El expresidente de Perú. Alejandro Toledo, acusado de corrupción y quien enfrenta un proceso de extradición en EE.UU., denunció inconsistencias y declaraciones bajo coerción por parte del estado peruano.

"Los dos principales testigos contra el doctor Toledo actuaron bajo coerción", sostuvo el abogado del exmandatario, Graham Archer, ante el juez Thomas Hixson en la visita celebrada este jueves en los juzgados de San Francisco (California, EE.UU.).

El caso

Archer se refería a los testimonios del exresponsable de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y del antiguo amigo y supuesto testaferro de Toledo, el empresario Josef Maiman, sobre cuyas revelaciones se asienta buena parte del caso.

Barata fue el primero en confesar a la Fiscalía que la empresa pagó entre 2004 y 2010 varios millones de dólares a Toledo a cambio de favores como la adjudicación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur durante su gestión.

Según la versión de la Fiscalía peruana, ese dinero se entregó a Maiman, quien también ha confesado a la Justicia que ayudó a blanquear las coimas y que Toledo recibió hasta 35 millones de dólares de Odebrecht, corroborando lo dicho por Barata.

Denuncian deterioro mental

Además, Archer denunció supuestas inconsistencias en la acusación peruana como "cambios relativos a fechas y cantidades de dinero desde que se inició el proceso judicial", todo ello con el objetivo de poner en duda la legitimidad del proceso abierto en Perú y dificultar o evitar en último término la extradición.

El juez Hixson fijó una nueva audiencia para el 9 de abril a las 10.00 hora local.

El exmandatario pidió ante el juez de apelación que le dejen salir de prisión alegando un supuesto deterioro mental que está sufriendo por su confinamiento.