Escribe: Carlos Talledo Manrique/Abogado corporativo

Uno de los principios sobre los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho es el principio de legalidad o el denominado imperio de la Ley, el cual rige las relaciones entre los ciudadanos y de estos con la Administración Pública.

Esto permite saber que las decisiones que se tomen están reguladas por el ordenamiento jurídico de cada país, generando confianza. Este es el sistema que rige nuestro país, por lo menos en teoría, aunque en la práctica, pareciera que rige el imperio de la arbitrariedad.

En todos los niveles y desde todos los estamentos, la arbitrariedad y desconocimiento de las normas o vulneración de las mismas se suceden día a día.

Desde el Congreso, aprobando una Ley que suspendía de manera arbitraria el cobro de un peaje pactado mediante un contrato-ley, vulnerando lo establecido por nuestra Constitución, lo cual ya fue enmendado por el TC, hasta la administración regional, provincial o distrital, quienes en su actuación vulneran el debido procedimiento administrativo o, simplemente, desconocen las normas que rigen sus funciones, se irrogan facultades que no les corresponden por desconocimiento o porque así se les ocurrió, con intenciones no muy honestas y que todos conocemos.

Cualquiera de nosotros, que alguna vez hemos recurrido a la Administración Pública, sabemos el vía crucis al que nos podemos enfrentar, los obstáculos que se nos presentan en el camino y las soluciones que debemos escoger, a pesar, de tener la razón fáctica y el respaldo legal respectivo.

Esto genera frustración frente al abuso, decepción y desconfianza en nuestras autoridades. Entonces, como podemos exigir un mejor comportamiento social de nuestros ciudadanos si es la arbitrariedad la que rodea nuestra vida diaria, producto muchas veces de la corrupción.

El imperio de la arbitrariedad, y no el de la ley, rige el actuar de nuestra administración pública, ¿cómo respetar a quien no se hace respetar?