Eximios constitucionalistas han presentado una demanda de amparo para que los privados puedan importar y apoyar en la vacunación que el Estado peruano ha empezado desde el mes de febrero, así mismo sendas demandas de amparo han presentado la AMPE (Asociación de municipalidades del Perú) y la Municipalidad Provincial de Trujillo para que puedan los gobiernos locales comprar las vacunas y puedan inocular a sus ciudadanos. 

Ante esto, el presidente Sagasti ha señalado que esto es inviable puesto que las vacunas son un bien escaso y que ningún laboratorio está negociando con privados sino con los Estados. Sin embargo, México y Colombia ya señalaron fecha en los que los privados van a importar vacunas en la región. Es menester señalar que la vacunación en el Perú anda a pasos de tortuga no porque carezcamos de equipo de vacunación rápida sino porque el Estado importa vacuna a cuentagotas, sin desdeñar que esta segunda ola está desbordada por la presencia de la variante brasileña. 

Por lo tanto, no sería descabellado que en los fueros judiciales teniendo en cuenta el principio superior de la vida humana, el derecho fundamental a la salud las demandas de amparos sean declaradas fundadas y con una cautelar puedan instar al gobierno a replantear esta situación a nivel de decretos supremos que habiliten la importación de vacunas por los privados y los gobiernos locales. El derecho a la vida sin duda que está por encima que otro derecho fundamental en la medida que el goce de estos últimos serán viables siempre que se preserve el primero.

Estamos frente a una situación de emergencia en donde tenemos un enemigo común y se le debe hacer frente desde todos los lados de la sociedad. El Estado tendría que regular que las poblaciones más vulnerables sean primero vacunadas y eso sería también para los privados, para las aseguradoras, para las clínicas privadas y para las AFP, y estas vacunas debería ser gratuitas en la medida de lo posible o que el costo no se le derive al ciudadano. Dentro de unos meses habrá países que ya hayan vacunado a toda su población y teniendo vacunas podrán comercializarla a los Estados a nivel nacional, regional o local. Es en este sentido que creemos que se dirimirá estas demandas de amparo que no son otra cosa que la antesala de la participación de toda la sociedad contra un enemigo en común: el coronavirus.