La sacada de vuelta legal aprobada esta semana por el Congreso es casi como el accionar de las bandas que asaltaban las diligencias en el oeste norteamericano. En el Perú se parecen a delincuentes agazapados en algún recodo del camino para echarse encima a cualquier chofer de autobús desprevenido. En ambos casos, el atentado puede terminar en muertes. Aprobar al caballazo una cuarta legislatura solo por apetitos políticos innombrables a tres días de las elecciones para definir quién será el nuevo presidente en el Perú, y un poco más de 30 días del término del mandato congresal, no solo es descarado e insensato, sino criminal, constitucionalmente hablando. ¿Qué buscan los autores intelectuales y operativos, al aprobar una cuarta legislatura - que puede estar reglamentada en el funcionamiento del Congreso- pero que en el fondo solo busca instrumentalizar la Constitución dependiendo de los resultados electorales del domingo? La respuesta es inexorablemente la metáfora de la diligencia del oeste USA: este congreso irresponsable tiene como norte acomodar la vacancia presidencial o el impedimento para cerrar el Congreso ante dos censuras al Ejecutivo, en función al escenario electoral del domingo 6 y urdiendo contra todo sentido común y la ley, reformas constitucionales rapidísimas, sin la reflexión y argumentos exigidos por el propio artículo 206 de la Constitución, que se quiere ahora violar. Será el Ejecutivo quien deba interponer una acción de inconstitucionalidad como contrapeso a la voracidad ilegal del congreso, cuyos integrantes son los mismos que maquinaron los hechos sediciosos que cerraron el ciclo de Martín Vizcarra. De paso, condujeron al país a este escenario dramático donde uno tiene que elegir entre males menores: una candidata acusada por lavado de activos y lideresa de una banda criminal y, un sindicalista desconocido, improvisado, pero sin mancha aún en el manejo del Estado. La maquinación de las reformas en la Constitución sabemos que está anunciada. Y por la hoja manchada de los golpistas, se descuenta que atarantará al Ejecutivo si éste envía el mamotreto al Tribunal Constitucional. La desconfianza ciudadana ha llegado igualmente al TC, responsable de no haberle puesto coto a tiempo a esta caja de sastre llamada “incapacidad moral permanente”.