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Por: Redacción La Industria

ÁNCASH

Publicada el 27/08/2021 - 02:36 PM

Consejeros regionales vacan a Juan Morillo


El pedido de vacancia se sustentó ya que el ahora exgobernador regional de Áncash dejó de residir de manera injustificada más de 180 días en la región.

Juan Carlos Morillo, quien cumple prisión preventiva por presuntos actos de corrupción, pasó de ser suspendido a vacado gobernador regional de Áncash. 

Durante sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Regional declaró su vacancia con 22 votos a favor y 2 en contra. 

Los únicos consejeros que no quisieron la vacancia fueron Zugner Regalado Saavedra (Huaraz) y Javier Cantu Mallqui (Carhuaz). No estuvo presente Jorge Antonio Noriega Cortez (Asunción). 

El pedido de dejar a Morillo fuera del cargo fue presentado por los consejeros Domingo Gómez Castillo (Recuay), Miguel Rosales Tamariz (Aija), Filiberto Chacpi Rodriguez (Carhuaz), Edgardo Solis Narro (Huari), Zenon Ayala López (Mariscal Luzuriaga) y Edgar Espinoza Ramirez (Ocros). 

Ellos hicieron su pedido por la causal establecida en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley Órganica de Gobiernos Regionales, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 36 del Reglamento Interno del Consejo Regional de Áncash. 

La causal de vacancia es la siguiente: deja de residir de manera injustificada hasta un máximo de 180 días en la región o por un término igual al máximo permitido por ley para hacer uso de la licencia. 

De esta manera, el acuerdo del Consejo Regional de Áncash será derivado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Durante la sesión se presentó el abogado de Juan Morillo, Uvaldo Pizarro, quien sostuvo que en el pedido de vacancia hay una contraposición a la norma, pues dijo que en estos momentos el estatus del hoy vacado gobernador es la suspensión en el cargo porque tiene un mandado firme de detención derivada de un proceso penal. 

“La jurisprudencia del JNE ha establecido que cuando el gobernador, vicegobernador o consejero recobra su libertad sin mandato de nadie asume su cargo. De tal manera, pretender invocar un causal que no está en la ley, estamos atentado contra el debido proceso, contra el derecho a la defensa consagrada en la Constitución Política del Estado”, dijo el letrado.

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