La posición de desventaja de la región La Libertad respecto a otros departamentos en la comparación de los índices de progreso social y de competitividad parece que importara muy poco. No estamos en la lona de los números. Tampoco en la cúspide o intentándolo. 

Es una tendencia no remontada en las últimas décadas. Este es un primer desafío en la nueva concepción de la descentralización territorial iniciada por el Estado desde que se promulgara la Ley orgánica de los Gobiernos Regionales, el año 2003. Reducir las desigualdades sociales entre regiones es una política de todo Estado moderno. Un segundo reto es la baja distribución de recursos en regiones con altas tasas de pobreza monetaria, donde Cajamarca se ubica en el extremo (50,8 que contrasta con el 5,0 de Ica) y, a pesar de ello, recibió bajos presupuestos desde el 2014. 

La Libertad está a media tabla de esa curva maldita con el 25,9 de tasa de pobreza, a cifras del 2017, según balance hecho por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y publicado el año pasado. Un tercer desafío son los conflictos sociales en territorios donde aprovechan recursos naturales que generan ingresos fiscales. Hasta el año pasado existían 90 conflictos sociales a nivel nacional. La Libertad figuraba solo con uno, incrementado ahora por protestas de los ronderos de la sierra liberteña. En ese contexto es claro que el nuevo concepto descentralizador territorial apuesta por las denominadas mancomunidades regionales y municipales, mecanismos de coordinación establecidos en la Constitución. 

Espacios de consensos intergubernamentales son por ahora los GORE- y MUNIS- Ejecutivos, cuya edición número 16 se desarrollará el 2 y 3 de diciembre próximo en las instalaciones de la UNT. ¿Cuánto ha avanzado La Libertad como integrante de la Mancomunidad regional del nororiente, desde que formalmente naciera el año 2017? ¿Podremos recobrar el liderazgo macrorregional? Si no se presenta un terremoto político, tendremos en Trujillo a todos los ministros y a 26 presidentes regionales en un evento que debería despojarse de rituales burocráticos y encarar más bien los principales problemas derivados del centralismo limeño y reproducidos en las capitales regionales y provinciales. Y sobre todo esto el gobernador anfitrión, Manuel Llempén, tendría mucho que llamar la atención del presidente Pedro Castillo y sus ministros. 

No ha significado gran cosa que, de las 4,810 funciones (185 por los 26 gobiernos regionales), dispuestos por ley, se hayan transferido a las regiones hasta el 31 de diciembre del 2020, el 93.9%; es decir, 4,518 funciones administrativas, quedando pendientes sólo el 6.1%, unas 292 funciones. Si administrativamente se ha cumplido con la ley, ¿por qué seguimos dando pena en las regiones, señor presidente?