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Por: Redacción La Industria

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Publicada el 14/01/2022 - 10:27 AM

[Opinión] Derechos en conflicto, por Juan Vásquez


Acuña intentó el año pasado, con un recurso legal ante Indecopi, frenar la venta del libro. No lo consiguió y decidió por la vía penal denunciar al autor y editor por difamación agravada.

¿Por qué un juez acaba criminalizando citas en una investigación periodística y el derecho a la libertad de expresión? Las respuestas pueden ser políticas, económicas, o simplemente venganza. En este caso es la aplicación de una legislación que se usa como chaveta: su origen es la Constitución fujimorista. 

Por eso, la sentencia que favorece en primera instancia a César Acuña Peralta ha desatado reacciones de Estados democráticos como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, así como de la Unión Europea y Naciones Unidas, que rechazaron el fallo judicial. Hasta el organismo de las grandes empresas periodísticas, la SIP, repudió la decisión contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, este último director de la editorial Penguin Random House que publicó el libro Plata como cancha. 

La SIP ha lamentado que se utilicen demandas de figuras públicas y procesos penales contra periodistas para frenar la difusión de interés público. Ni César Hildebrandt, quien es el que ha expuesto más a menudo las flaquezas políticas y personales de CAP ha recibido semejante denuncia y requerido de exorbitante reparación civil de 100 millones de soles. El juez, felizmente, redujo el monto a 400 mil soles. Acuña intentó el año pasado, con un recurso legal ante Indecopi, frenar la venta del libro. No lo consiguió y decidió por la vía penal denunciar al autor y editor por difamación agravada. 

La sentencia ha colocado en agenda el conflicto constitucional de dos derechos fundamentales inherentes a la persona: el honor y la libertad de expresión, extensivo a la libertad de pensamiento, opinión e información. Ha provocado, igualmente, que Plata como cancha se convierta en bestseller y nominado a mejor libro de no ficción, Premios Luces 2021 que organiza el diario El Comercio. 

El honor y la libertad de expresión están consagrados como derechos en una profusa legislación internacional. En el Perú tienen rango constitucional, por eso están en la cúspide de la normatividad interna por ser derechos de máxima jerarquía. La tirantez entre uno y otro derecho tiene su génesis en el artículo 2 inciso 4 del propio texto constitucional de 1993: “las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento (…)”, “están sujetas a las responsabilidades de ley” que “se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común”. 

En otras palabras, el derecho a la libertad de expresión quedó criminalizado y su límite es el derecho al honor. Ese conflicto debió resolver el Congreso hace tiempo, pero, es como pedir peras al olmo. Esa es la madre del cordero, o mejor, el argumento de todo juez venal que tiembla ante el poder o ante el dinero. ¡Mi solidaridad con Christopher Acosta, con su causa y, por supuesto, con su investigación periodística!



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