Apoyo técnico para elaborar las IOAAR que se necesitan para atender requerimientos en equipamiento que ayuden a un mejor funcionamiento de la Unidad de Flagrancia del Delito y para seguir avanzando en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ofreció al sistema de justicia el gobernador de La Libertad en funciones Ever Cadenillas.

Fue en la reunión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde expusieron el Gral. PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti respecto al incremento delincuencial; y Giammpol Taboada Pilco, presidente de la Corte Superior de Justicia, sobre requerimientos para el mejor funcionamiento de la Unidad de Flagrancia del Delito. 

Cadenillas se comprometió a buscar en el gobierno regional tres motocicletas para que los notificadores del Poder Judicial en la Unidad de Flagrancia del Delito entreguen documentación a los sujetos procesales; y coordinar una mesa de trabajo para establecer responsabilidades para el mejor funcionamiento de la unidad, que presidirá la Defensoría.

Se necesitan perfiles, expedientes técnicos o IOAAR para atender los requerimientos hechos. El Poder Judicial, Ministerio Público y la PNP son unidades ejecutoras que pueden hacer las IOAAR, que sería lo más inmediato para que el gobierno regional las financie. Eso se puede hacer en un mes y tendrán apoyo técnico de formuladores y equipos técnicos del GR, dijo. 

Vamos a ver dos o tres camionetas que con combustible y choferes, previo convenio, se puedan utilizar en el corto plazo, mientras se elabora un expediente técnico, pero eso va a demandar más tiempo. Respecto al pedido de un médico legista, se comprometió a buscar la forma de cómo se puede atender ese requerimiento.

Como gobierno regional hemos adquirido y entregado 25 camionetas para el patrullaje en el ande y se ha financiado a municipalidades para adquirir otras 30. En total son 55 camionetas que se han entregado para apoyar la seguridad ciudadana, añadió. 

Se comprometió luego a reunirse con un equipo de la Cámara de Comercio que puede sumarse y apoyar el equipamiento que se necesita. Lo hicimos en la pandemia y no creo que dejen de hacerlo por la seguridad ciudadana, hasta podríamos obtener camionetas, expresó.

El secretario técnico del CORESEC, José Luis Tejada, recordó que en La Libertad hubo tres estados de emergencia que no vinieron acompañados de presupuesto y que la declaratoria se hizo con nombre propio, citando a las provincias y no se incluyó al GR en esta medida. 

El Gral. PNP Augusto Ríos Tiravanti dijo que, de 300 venezolanos detenidos últimamente, 120 estaban en situación irregular. “No se sabe cómo entraron o si se venció su permiso por lo que se notificó a Migraciones para su expulsión”, manifestó.

Se estima que en Trujillo hay unos 200 mil venezolanos, de los que hay 80 mil de los que no se sabe cómo llegaron ni quiénes son. 

El jefe de la Macro Región Policial indicó que 28 a 30 presos líderes de bandas o que están coordinando extorsiones desde el penal trasladados fuera de La Libertad; que incrementarán los operativos de control de motos y taxis; y que en las últimas semanas fueron desarticuladas cinco organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y tráfico ilícito de drogas.

El presidente de la Corte Superior de Justicia, Giammpol Taboada Pilco, señaló que el D.S. N° 005-2022-JUS señala obligación expresa de llevar a los detenidos en actos delictivos que no revistan una complejidad criminal a la Unidad de Flagrancia, es decir cuando no se trate de bandas organizadas. Igualmente, que en esa unidad se necesita un médico legista, fortalecer el servicio de internet para la PNP y el equipamiento de la unidad de investigación. 

“Es de interés nacional que el modelo de la Unidad de Flagrancia del Delito sea exitoso”, acotó.

La presidenta de la Junta Superior de Fiscales Superiores de La Libertad, Marena Mendoza, indicó que ha planteado a la alta dirección del Ministerio Público la creación de una fiscalía que atienda exclusivamente a la Unidad de Flagrancia y que entre tanto se busca una respuesta a los inconvenientes que hay. “El comportamiento de los fiscales se circunscribe a lo que dicen las normas. Somos fieles cumplidores de la ley”, puntualizó.