Con cuatro denuncias ante el Ministerio Público interpuestas por la Procuraduría Municipal -a cargo de Martín Salcedo Salazar-, concluye este año el vacado alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. Una es por colusión agravada, la otra por peculado, la tercera por omisión de actos funcionales y la última por designación ilegal en el cargo.

Cualquiera de ellas podría culminar con pena privativa de libertad y el pago de importantes sanciones económicas, tanto para el exalcalde, que permanece en la clandestinidad, como para sus funcionarios incluidos en las denuncias, como el exgerente municipal, Jesús Velásquez, el ex gerente de Administración, Omar Burga, la exsubgerente de Abastecimientos y el aún gerente de Asesoría Jurídica de la MPT, Luis Gutiérrez.

Se trata de una denuncia por colusión en el caso de la adquisición irregular de barreras y canalizadores de inundaciones, por S/ 3’300,00,00 y entre 6 a 15 años; La segunda es por peculado, por posibilitar la sustracción de bienes municipales en el Complejo Chan Chan.

Una tercera denuncia es por omisión de actos funcionales en el caso del no pago de siete personas que trabajaron en la Procuraduría Municipal; y la cuarta es por designación ilegal de cargo al haber designado como gerente municipal a Jesús Alverto Velásquez Reyna sin que cumpla los requisitos o perfil necesario.

La denuncia por colusión es por la compra de seis mil barreras de plástico “antihuaicos” de forma directa, sin expediente técnico ni requerimiento del área usuaria, por S/ 3.3 millones, las cuales nunca se usaron y actualmente se deterioran a la intemperie y expuestas al sol en el exterminal terrestre Santa Cruz, de Chicago.

Las barreras fueron compradas por contratación directa a fines del 2023, ‘para proteger a la población ante posibles huaicos’, pero debieron debieron hacerse por compra simplificada, según lo estipulado en el D.S. N° 030-2023, que establecía los procedimientos para realizar un proceso de selección ante la emergencia prevista por las lluvias.

No hubo expediente técnico, ni el requerimiento del área usuaria, que por ley es la encargada de realizar el pedido. Para intentar dar legalidad a la compra, presentaron especificaciones técnicas que fueron elaboradas por una persona que no era especialista en temas de desastres ni riesgos naturales, sino por un ingeniero electricista.

En el caso del complejo Chan Chan (excomplejo Chicago), la denuncia fue hecha en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, por el supuesto robo de material de construcción.

En esta denuncia se incluyó también el exgerente de Desarrollo Urbano, Richard Calderón Ávila; el exjefe de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Jordan Piminchumo Méndez; el exgerente de la misma área, Eduardo Pazos Elías, y la exsubgerente Elsa Novoa Vega.

TAMBIÉN EN LA CONTRALORÍA

Hay que recordar, por otra parte, que la Contraloría General de la República admitió a trámite dos denuncias hechas por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por presuntos hechos irregulares ocurridos en la  gestión de Arturo Fernández el año 2023.

Una es por contratar servicios mediante adjudicación simplificada por emergencia, pretendiendo acogerse al D.U. N° 032-2023 –mismo caso denunciado por la Procuraduría-; y la otra por presuntas irregularidades en la contratación directa N° 05-2023-MPT, “Programa de mantenimiento vial y peatonal de la ciudad de Trujillo, urb. El Alambre”.

En este último caso el peritaje técnico judicial determinó que la entidad, a través de sus funcionarios, aprobó la valorización N° 01 presentada por la empresa SK Inversiones Generales S.A.C. por un monto superior al avance de obra realmente ejecutado, entre otros.

Respecto a compras acogiéndose al D.U. N° 032-2023, ese año se otorgaron cuatro adjudicaciones por S/ 12,577,376.67 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de intersecciones principales y secundarias del distrito de Trujillo”. La buena pro la obtuvieron: Consorcio TEINGECON, Consorcio Obras Viales, Ival Contratistas EIRL, Consorcio Trujillo, Consorcio Salaverry e Inversiones Integrales S.A.C.

Esto era para ejecutar mantenimientos de pistas y veredas, sin embargo eso debió contratarse mediante Licitación Pública, para no limitar la libre competencia y concurrencia de postores, y de no fraccionar las obras. Además, al aceptar una oferta por un monto mayor al ofertado, esto podría enmarcarse dentro del delito de corrupción de funcionarios.