A propósito de la noticia del pedido de detención preliminar por 10 días en contra de Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activo en la comisión de actos de corrupción de funcionario en los proyectos de: a. Corredor Vial Interoceánico Perú- Brasil, en adelante IIRSA (Tramos 2 Y 3) y b. Proyecto de irrigación e Hidroenergético de Olmos; primero es de precisar que la detención o prisión preliminar no debe confundirse con la medida de prisión preventiva, pues mientras la primera tiene una duración de 10 días no siendo posible una ampliación, tiene como finalidad asegurar la realización de determinados actos de investigación, y asegurar que los investigados cumplan con sus obligaciones en el proceso penal; mientras que la prisión preventiva tiene una duración máxima de 36 meses siendo plausible de prolongación hasta por 18 meses en casos considerados como complejos y hasta 12 meses en casos de criminalidad organizada, se dicta mediante audiencia donde deben concurrir ambas partes procesales (fiscal y acusados), y tiene como finalidad preservar y asegurar todos los medios probatorios que se puede acopiar dentro del proceso penal hasta la etapa de juicio., sin que esta actividad se ponga en riesgo por injerencia de los acusados (existencia de peligro procesal).

Pero por otro lado también existe la figura de Detención Domiciliaria, regulada en el art. 290 CPP, el mismo que presupone la concurrencia de presupuestos materiales para la imposición, todas ellas se resumen en: La incapacidad física, el estado de gravosidad de salud, y un factor cualitativo: 65 años de edad (que podría ser el caso del ex presidente), todas estas, están condicionadas a la concurrencia de los presupuestos de la prisión preventiva, en ese sentido podría afirmarse dos cosas: 1. que la medida de detenciones de carácter residual, y que solo procedería ante la imposición de una medida coercitiva que restringe la libertad de manera amplia como lo es la prisión preventiva.

No obstante a ello, es de la opinión que cuando estamos frente a restricciones de derechos fundamentales tiene preeminencia el principio de favorabilidad (Art. VII del título preliminar del CPP), o conocido también en el derecho constitucional /convencional como principio Pro Homine, que garantiza a que toda autoridad perteneciente al poder judicial, legislativo o ejecutivo debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona o a la comunidad. En ese sentido, la detención domiciliaria no se debería interpretar como una medida subsidiaria o de carácter residual, si no que su concesión surge directamente del test de proporcionalidad.

En definitiva es de la opinión, que es posible en un mandato de detención preliminar conminarlo con un mandado de detención domiciliaria, siempre y cuando se cumpla los presupuestos materiales ya mencionados aplicando el principio de proporcionalidad como mecanismo material para la imposición de esta medida, es decir existe la posibilidad que los abogados del ex presidente soliciten vía Habeas Corpus, una detención domiciliaria, ante cualquier escenario es decir, ante la presente detención preliminar o ante una eventual futura pedido de prisión preventiva, pese a que nos encontramos ante delitos considerados de gran impacto a la sociedad: Lavado de activos por comisión de delitos de corrupción de funcionarios, pero esto debe realizarse bajo la interpretación más favorable a la persona o la comunidad.