El abogado Martín Ordinola Vieyra sostuvo que el enfoque que se debe establecer en el país no debe limitarse sólo a la creación de leyes más severas o nuevas figuras penales, sino plantear una reforma profunda del Estado, un proceso que, según él, debe ir más allá de las medidas punitivas tradicionales.

La propuesta de Ordinola se aleja de la lógica de medidas punitivas rápidas. Según el especialista, el problema de la inseguridad ciudadana no se resuelve con leyes que solo aumentan las penas o con la creación de figuras penales sin sustancia como lo viene haciendo el Congreso, sino que requiere de un enfoque integral que ataque las raíces del problema.

"Nuestra propuesta pasa por una reforma del Estado, un proceso que no solo contemple nuevas leyes, sino que también contemple grandes acuerdos sociales y políticos", señaló Ordinola. Para él, la reforma debe implicar un acuerdo de todos los sectores del país, desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas, hasta los colegios profesionales, las universidades y la sociedad civil, con el fin de plantear soluciones legislativas eficaces y sostenibles.

Para Ordinola, la solución a la creciente inseguridad no pasa simplemente por crear nuevas leyes o endurecer las existentes, como lo hace actualmente el Congreso. “Si bien el endurecimiento de las penas o la creación de nuevas figuras penales como ‘terrorismo urbano"’ pueden parecer soluciones a corto plazo, muchas de estas conductas ya están castigadas y contempladas en la legislación vigente, bajo figuras como la extorsión, lesiones o secuestro. De modo que el Congreso plantea leyes repetitivas e innecesarias”, subrayó.

Ordinola recordó los principios fundamentales que guían el actuar del Colegio de Abogados de La Libertad, donde destaca la defensa de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Según el abogado, uno de los objetivos principales del colegio es materializar el bienestar común, velando por la seguridad jurídica y la justicia. “Estos principios deben orientar las discusiones y las propuestas en torno a la seguridad ciudadana. El artículo 107 de la Constitución Política otorga a los colegios profesionales el derecho de iniciativa en la formación de leyes. Este derecho, sostiene, debe ser aprovechado para proponer medidas que no solo respondan a la emergencia, sino que busquen soluciones estructurales y a largo plazo”, remarcó.

Una de las principales propuestas de Ordinola es la reforma de la Policía Nacional. El abogado señala que uno de los pilares fundamentales para combatir el crimen organizado y las bandas criminales es la creación de unidades especializadas dentro de la policía, respaldadas por equipos de criminalística modernos. Para que estas unidades funcionen de manera efectiva, Ordinola propone dotarlas de equipos de alta tecnología y la capacitación adecuada, lo que permitiría desarticular las organizaciones criminales con mayor eficiencia.

Además, enfatiza la necesidad de proporcionar buenos sueldos y beneficios compensatorios a los agentes de policía que se involucren en estas tareas, incluyendo un seguro de vida para aquellos que se infiltren en organizaciones criminales. “Este seguro debería extenderse a sus familiares en caso de fallecimiento, sería una medida crucial para garantizar la seguridad de los policías que luchan contra el crimen organizado en situaciones de alto riesgo”, puntualizó.

Ordinola subraya que la reforma del Estado no debe ser vista como un conjunto de acciones impulsadas por un grupo o sector, sino como un proceso colectivo e inclusivo que involucre a los sectores más representativos del país.

El abogado recuerda que el Estado no puede seguir operando con medidas reactivos, sino que debe adoptar un enfoque proactivo que garantice la seguridad y el bienestar común para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos más vulnerables. "Las reformas al Estado son procesos que deben ser impulsados por grandes acuerdos sociales y políticos, que busquen soluciones estructurales y duraderas", agregó.

Finalmente, Ordinola hace un llamado a la acción, indicando que la seguridad ciudadana es un tema que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los ciudadanos, los funcionarios públicos, y los actores privados.