Una persona perdió la vida y otras 50 resultaron afectadas por inhalación de gases tóxicos la madrugada de este 28 de diciembre, luego que sujetos armados vinculados a grupos de mineros informales lanzaran un ataque armado contra las instalaciones de la compañía minera Poderosa, ubicadas en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad.

Poderosa informó que mineros informales detonaron la torre de alta tensión N° 33, muy cerca del nivel 2670, en la Unidad Santa María, dejando sin energía a las instalaciones externas e internadas de la mina.

Tras el derribo de la torre, los criminales lanzaron una ola de incursiones armadas con el objetivo de tomar las instalaciones de la mina, y como consecuencia falleció uno de los mineros artesanales que mantenía contrato con la compañía.

Asimismo, se tuvo que atender en la posta médica de Santa María a 50 trabajadores, luego que sufrieran afectación por la inhalación de gases tóxicos, a consecuencia del ataque de los ilegales, que se valen de la quema de llantas para apropiarse de las galerías.

Tercer ataque

Minera Poderosa precisó que este es el tercer atentado contra la empresa en menos de tres meses y la decimoséptima torre de alta tensión destruidas por los mineros ilegales en los últimos tres años. A ello se le suman las pérdidas de 18 colaboradores de la compañía, tras estos ataques armados.

Asimismo, señaló que a la fecha se registran 25 zonas tomadas por mineros ilegales, los mismos que operan con total libertad e impunidad en Pataz.

“Hasta el momento la Policía Nacional del Perú no responde a nuestros reiterados pedidos para ingresar a las galerías a desalojar a estos grupos criminales”, indicó en el comunicado.

La compañía lamentó la suspensión desde hace más de medio año del programa de interdicciones de bocaminas ilícitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, todas perfectamente identificadas y georreferenciadas.

Remarcaron también el poco control del transporte de mineral de origen ilegal extraído de las concesiones de Poderosa y trasladado hacia las plantas formales en la costa (más de 6 mil volquetes en el 2024).

“El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado. Esta debe involucrar una mayor labor de inteligencia, y el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de asegurar que los mineros ilegales detenidos en los distintos operativos sean efectivamente procesados y condenados por los delitos que cometen”, manifestaron.

Base policial

También solicitaron la implementación de la base policial en Pataz, cuya instalación fue un compromiso del presidente del Consejo de Ministros hace algunos meses.

En apoyo de esa iniciativa, Poderosa ha venido avanzando en la construcción de la infraestructura requerida, así como de 3 puntos de control.