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Publicado: 01/11/2017
Alcalde de Carabamba sale de prisión tras nueve meses
La Policía Anticorrupción lo encontró cuando cobraba 5 mil soles a empresarios constructores para favorecerlos con adjudicación de obras municipales.
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El alcalde Segundo Ricardo Vega Cedano seguirá siendo investigado, pero en libertad.

Julcán. El alcalde de Carabamba, Segundo Ricardo Vega Cedano, abandonó el penal el Milagro de Trujillo, luego de cumplir nueve meses de prisión preventiva, al ser investigado por la comisión del delito de soborno o cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, representado por la municipalidad distrital que representaba.


Tal como se informó oportunamente, en el mes de febrero de 2016, el burgomaestre fue sorprendido por agentes de la Policía Anticorrupción en un restaurante trujillano en circunstancias que recibía un presunto soborno de 5 mil soles de parte de ejecutivos de una empresa constructora para favorecerlos en la adjudicación de obras municipales.


Los empresarios denunciaron el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción, la misma que ordenó el operativo para la captura, de ahí que sorprendieron al burgomaestre con los billetes que previamente habían sido fotocopiados.


La liberación


El fiscal anticorrupción que investiga el caso, cuyo nombre no fue revelado en la resolución, solicitó el 28 de agosto la ampliación de la prisión preventiva por cuatro meses más del alcalde Vega Cedano. El requerimiento fiscal fue declarado fundado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, dictamen que fue apelado por el abogado defensor César Alva Florián.


La Primera Sala de Apelaciones fue la encargada de deliberar sobre el caso, el último 23 del corriente. Durante la audiencia, a la que no asistió el Fiscal Superior encargado de la carpeta fiscal aduciendo estar delicado de salud, el abogado defensor del alcalde manifestó a la sala que el escrito de ampliación de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público no presenta documentos justificatorios, pero no sólo eso, el Ministerio Público al ser un órgano corporativo debió haber tomado las medidas necesarias, tratándose de un reo en cárcel.


Ante esto, la Primera Sala de Apelaciones por unanimidad resuelve revocar el dictamen de requerimiento de ampliación de prisión preventiva, reformándola y declarándola improcedente.