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Publicado: 05/12/2017
El escándalo de Odebrecht salpica concesión de la MPT
Regidores de la comuna Trujillana cuestionaron el contrato de concesión del recaudo electrónico, que estuvo a cargo de Graña y Montero.
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Foto: Referencial / La Industria

Todo se agrava. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro de los cinco empresarios de Graña Montero, JJ Camet e ICCGSA, socias de la constructora brasileña Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, debido a que se les acusa de haber aportado coimas a Alejandro Toledo para conseguir su ejecución.


Pero el asunto no queda allí, pues Graña y Montero opera en nuestra región. Además de la cuestionada concesión de la tercera etapa del Proyecto Chavimochic al consorcio Chavimochic (conformada por esta empresa y Odebrecht), su participación en la reconstrucción a través de la descolmatación del Tramo 1 del cauce del río Chicama, también se encuentra el recaudo electrónico de pasajeros.


Una raya más 

Y es que, desde que se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y Recaudo Trujillo SAC (Graña y Montero Digital - GMD) el 15 de abril de 2016, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Se suponía que ambas partes debían cumplir con las condiciones precedentes, para que el recaudo electrónico se pueda implementar en la ciudad.


Entre dichas condiciones se encontraba la adhesión de las empresas de transportes por parte de la concesionaria, que debía llegar a un 50 % de la flota en la provincia. También se necesitaba la aprobación de la constitución del fideiocomiso, a fin de que el banco renueve las unidades de transporte (a través de un préstamo bancario) con el nuevo sistema del recaudo.


Como se sabe, los regidores, por mayoría, rechazaron la constitución del fideicomiso; situación por la cual la concesionaria anunciaba medidas legales. A esto, se sumaba también las observaciones realizadas por la Contraloría.


No obstante, para sorpresa de muchos, a inicio de dicho mes, el contrato se suspendió a raíz de una controversia. Por lo tanto, en 45 días se solucionaría el caso, para que el fideicomiso vuelva a ser tratado en el pleno provincial.


“Que lo revisen”

Dado los antecedentes para la concesión del recaudo electrónico, sumado al escándalo de presuntos actos de corrupción de las socias de Odebrecht, los regidores provinciales volvieron a cuestionar dicho contrato, y exigieron que sea revisado.


“Siempre hemos dicho que las cosas deben ser transparentes. Los funcionarios (de Graña y Montero) tienen prisión preventiva, seguramente se confirmará o no la continudad de su sentencia (…) El contrato tiene que ser revisado. Hemos cuestionado el tema del recaudo. Este ya no va, el fideicomiso se anuló, los plazos han terminado”, indicó Hernán Aquino Dionisio.


Por su parte, el concejal Edward Berrocal Gamarra expresó que “en todo caso, algunos podemos percibir el presunto modus operandi de este grupo, en el sentido de que a través de coimas logran sus objetivos. Nos opusimos al proyecto (del recaudo electrónico) en su momento porque observamos la irregular forma de llevar adelante este proceso”.


Pidió que la fiscalía investigue si existieron coimas al momento de aprobarse la firma del contrato de concesión entre la MPT y Recaudo Trujillo SAC. Vale decir que la regidora Esperanza Yarlequé Saldaña y Carlos Fernández Verde también se mostraron de acuerdo con que se revise el contrato.