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Publicado: 20/11/2017
Especialista advierte cobros indebidos en entidades públicas
Según abogado tributarista, se exigen pagos para tramitar prescripción de deudas, cuando esto ya ha sido declarado fuera de la ley.
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Foto: Referencial.

Aprovechándose del desconocimiento de los ciudadanos, diferentes instituciones públicas, entre ellas algunas municipalidades, tanto provinciales como distritales, vienen realizando cobros indebidos, en clara afectación a su economía, según advirtió el constitucionalista y abogado tributarista, Ruly Izquierdo Ríos, quien invocó a no dejarse engañar y recurrir ante los organismos pertinentes para denunciar estos casos.


Se trata de un “pago por trámite de prescripción de deuda”, el mismo que se cobra para acceder a este derecho y cuyo costo varía en cada institución; cuando en realidad resulta totalmente ilegal de acuerdo a la normatividad vigente, incluso en las más altas instancias jurisdiccionales en el país.


“Muchas personas están pagando este derecho por prescripción de deuda, como le denominan en los municipios, pero lo que no saben es que en realidad les están robando. El derecho de trámite, en toda su integridad, es un cobro ilegal, porque la prescripción de por sí ya es un derecho, entonces a las instituciones no les queda otra alternativa que proceder a tramitarlo sin ningún pago de por medio. Ninguna institución pública y privada debería realizar este cobro, pues es un derecho propio y ponerle condiciones, es decir primero paga y luego te atiendo, ya está vulnerando la legalidad”, explicó el abogado Izquierdo Ríos.


Derecho de petición

El jurista recordó que en el año 2013, a él, en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (Satt), le quisieron cobrar S/ 27.20 como derecho de trámite por prescripción de una deuda por multa de infracción al tránsito. Frente a esa situación, interpuso una demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Satt por vulnerar su derecho fundamental de petición.


Izquierdo recordó que el Quinto Juzgado Civil de Trujillo declaró fundada su demanda por considerar, en efecto, vulnerado el derecho de petición, no obstante ello, en segunda instancia, la Sala Civil revocó ese fallo favorable por considerar que el pago por derecho de prescripción estaba debidamente establecido y sustentado en el Tupa de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El abogado no se quedó de brazos cruzados y recurrió al Tribunal Constitucional, máxima instancia de impartición de justicia en el país, que le terminó dando la razón en todos sus extremos.