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Publicado: 27/10/2016
Universidades desaprueban plan aprista para modificar la ley
Rectores y titulares de casas superiores de estudios fijan posición contraria a la propuesta por el congresista Velásquez Quesquén
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Trujillo. En los últimos días, el vocero del partido aprista, Javier Velásquez Quesquén, presentó a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 469 que pretende modificar artículos de la Ley Universitaria N° 30220. En él, se incluyen artículos que resucitarían la ANR.  Ante esto, las autoridades universitarias denunciaron la existencia de motivaciones particulares en la formulación de esta iniciativa.


El congresista, anunció a medios nacionales que no buscan debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), sino corregir algunos aspectos que no se pudieron hacer cuando se encontraba al frente de la Comisión de Educación el excongresista Daniel Mora. En definitiva, esto ha generado el rechazo de varias autoridades universitarias en La Libertad.


Indignados

“Aunque la actual Ley tiene deficiencias, la misma sirve para generar cambios. Esta lucha universitaria se ha politizado. No quieren fiscalización, y la Sunedu es fiscalización. Con el pretexto de la autonomía, las universidades no rendían cuentas. La autonomía no es autarquía, porque estamos sujetos al Ministerio de Economía, a la Contraloría y otras entidades del Estado”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Orlando Gonzales Nieves.


Entre los cambios principales se propone el retiro del Ministerio de Educación como ente rector de la Sunedu para que sea “autónoma” y, a partir de allí, modificar su composición. De esta manera, los siete integrantes que la conforman —docentes elegidos por rectores— vendrían de las universidades públicas (tres) y privadas (tres), que designarían al superintendente.


“Lo más horroroso es que con estos cambios se elimina el licenciamiento, pues la Sunedu ha emitido un reglamento de estándares básicos de calidad. Toda universidad, privada o pública debe cumplirla, a fin de que ningún padre de familia ni alumno termine estafado. Esto incluye excelencia académica, infraestructura, laboratorio, biblioteca, entre otros. A la fecha, son 46 las instituciones evaluadas”, precisó el excongresista Daniel Mora Zevallos, impulsor de la norma vigente.


Por su parte, el Director General de la Universidad César Vallejo (UCV) en Trujillo, José Castagnola Sánchez, indicó que rechazan tajantamente la propuesta de Ley, porque “tienen que seguir implementándose las medidas contempladas en la normatividad vigente”. Así mismo, indicó que las universidades deben seguir abocándose a la investigación, acreditación de carreras profesionales y contribuir al desarrollo de la región.