Padecer de alguna discapacidad física o psicológica no solo dificulta la vida del paciente, también de su cuidador que no ve apoyo en el Estado para implementar políticas que mejoren la calidad de vida de su ser querido.

A nivel nacional, todos los gobiernos tienen la obligación de destinar el 1 % de su presupuesto para fomentar programas y mejorar la infraestructura, que permita el correcto desplazamiento de las personas con discapacidad; sin embargo, nada de esto se cumple en nuestra región según María Negreiros, una cuidadora.

Las autoridades no solo se están preocupando el mínimo para trabajar en favor de una persona con discapacidad, tampoco están fiscalizando el cumplimiento de la ley n.º 29973 que fomenta el desarrollo de estas personas con habilidad diferente; además de otras facilidades como libre acceso en el transporte y educación inclusiva.

“No tenemos transporte accesible, los taxis no nos quieren llevar. En los hospitales, nos hacen esperar dos a tres meses para atendernos para conseguir el carnet de discapacitado, no respetan el asiento preferencial, refirió Negreiros.

En La Libertad hay 180 000 personas con alguna discapacidad, ante la brecha, sus cuidadores anunciaron una marcha de protesta mañana a las 2 de la tarde. “Exigimos que se gaste el 1 % que tienen las regiones, a favor de los programas y la accesibilidad y los servicios. También pedimos albergues para que nuestros discapacitados no se queden abandonados”, añadió.