Obviamente que el pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo de La Libertad al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es sumamente atendible: verificar y supervisar la distribución de equipos de protección personal, así como las condiciones en las que trabaja el personal encargado de la limpieza pública.

Estos son los trabajadores públicos que se encuentran, junto con el personal de sanidad, los policías y militares, en la primera línea de combate al Covid-19. Se los ha invisibilizado durante mucho tiempo y hasta se los ha ninguneado, como si trabajar para una ‘service’ o pertenecer a una modalidad laboral precarizada no los convirtiera en lo que son: personas que realizan una labor altamente sensible pues limpian las calles y jardines donde está acechante el patógeno a la espera de atacar.

Pero pasamos a veces delante de estos trabajadores públicos y no nos damos cuenta de que ellos están arriesgando su salud y su vida a diario. ¿Que trabajan en eso y para eso les pagan, para que corran riesgos y se enfrenten a una situación que es parte de su rutina diaria? No es cierto. Nadie tiene por qué asumir sin auxilio los avatares de una labor peligrosa ni los gajes de este oficio, que han aumentado en peligrosidad desde que se desató la pandemia. Por tanto, es obligación atender los pedidos mínimos que han demandado los hermanos trabajadores del Segat a la Defensoría; esto es, que les entreguen mascarillas y guantes de recambio, así como implementos de desinfección e higiene que requieren para el cuidado de su salud durante y después de realizar sus labores.

Es más, debería entregárseles vestimenta de bioseguridad adecuada para que estén más protegidos en las calles. Además, hacerles pruebas de descarte del Covid-19 constantemente. Claro que tal vez todo eso es un gasto que, dados los tiempos que corren, puede ser considerado mercantilistamente como un ‘sobrecosto’. Mala suerte. Cumplan y no sean roñosos. A ver si los directivos del Segat van a salir sin protección a las calles. Por otro lado, lo que la Contraloría General de la República ha detectado en el Hospital Belén resulta increíble: mascarillas inadecuadas y con fecha de caducidad vencida. De hecho, esto no se trata de una negligencia cualquiera, ni una compra realizada de buena fe.

No, para nada. Acá hay la concurrencia de varios hechos dolosos que hunden más en el descrédito a las autoridades de salud tanto locales como regionales. El daño ya está hecho y sabe Dios cuántas personas habrán terminado contagiadas en el lapso en que usaron esos implementos.

El gobernador regional Manuel Llempén tiene 10 días (en realidad, nueve, hoy) para realizar los procedimientos necesarios a fin de determinar y sancionar a los responsables. Pero, como siempre sucede, somos muy escépticos acerca de los resultados y de las eventuales que pudieran aplicarse. ¿Así pretende manejarse la lucha anticorrupción en La Libertad? Queremos resultados verdaderos, desde las cabezas de los funcionarios hasta la cárcel para ellos y los empresarios que cometieron el fraude.