El alcalde Mario Reyna Rodríguez lamentó que el Concejo Municipal rechazara la ordenanza para fiscalizar el transporte público en Trujillo, basada en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Adelantó que, de ser necesario, presentará una Acción Constitucional.

Reyna criticó que algunos regidores se opongan a aplicar una norma vigente desde 2019, que suspende indefinidamente a empresas involucradas en accidentes con muertos o heridos. Solo la regidora Susy Plasencia Alva apoyó la propuesta durante la sesión.

El alcalde cuestionó que la Empresa de Transportes Miramar reanudara operaciones tres días después de un accidente fatal que dejó tres muertos. Afirmó que esta situación refleja la falta de sanciones ejemplares en Trujillo.

Por su parte, los regidores Andrés Sánchez y Giancarlo Toribio pidieron postergar el debate, argumentando la necesidad de socializar la ordenanza con los transportistas. Sánchez destacó la asistencia técnica internacional en la propuesta, pero señaló que Trujillo tiene una realidad distinta.

Luis González Rosell, también regidor, reconoció el caos del transporte en la ciudad, mencionando accidentes frecuentes y maltrato a los pasajeros. Instó a la municipalidad a asumir su rol fiscalizador sin ceder a las presiones de los gremios transportistas.

Finalmente, Reyna reiteró que la seguridad vial es prioritaria y que la norma debe aplicarse sin concesiones. Aseguró que no es negociable permitir condiciones inseguras, recalcando la urgencia de implementar medidas para proteger a la población.