La Fiscalía Provincial Penal de Pataz, bajo la representación del fiscal provincial Enrique Humberto Valverde Cabrera obtuvo la prisión preventiva de 12 meses a la investigada Milagros Katherine Juárez Bermúdez, tras los trágicos acontecimientos que llevaron a la muerte de su pareja, José Antonio Pizán Peña, en un caso que ha cobrado relevancia mediática por su naturaleza violenta.

Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2025, en el sector El Bosque, Anexo Llacuabamba. Según las investigaciones preliminares, Juárez Bermúdez está acusado de haber agredido fatalmente a Pizán Peña con un arma blanca, ocasionándole una laceración severa en la arteria femoral, lo que resultó en un shock hemorrágico y, posteriormente, su muerte en la Clínica Siena.

La relación de convivencia entre la investigada y la víctima estuvo marcada por episodios de violencia, evidenciados por denuncias previas ante la ronda campesina de Llacuabamba. Esta escalada de violencia culminó en el fatídico incidente que, según los testigos, ocurrió durante una reunión familiar.

Durante el conflicto, la discusión entre Juárez Bermúdez y los familiares de Pizán Peña se tornó violenta, lo que provocó múltiples agresiones verbales y físicas. A pesar de la intervención inicial de la ronda campesina, la situación se hizo incontrolable. Tras una breve reconciliación, se escuchóon gritos y posteriormente, dos golpes secos dentro del rancho donde se encontraban.

La fiscalía ha recabado suficientes evidencias, incluyendo un informe pericial que confirma que la causa de muerte fue un trauma penetrante en el muslo izquierdo causado por un objeto punzante, así como testimonios que contradicen el estado de inconsciencia declarado por la investigada. Además, se encontraron manchas de sangre y un cuchillo compatible con el arma homicida en el lugar de los hechos.

Estas pruebas, junto con el contexto de violencia familiar que caracterizó la relación, sustentan firmemente la imputación por parricidio bajo el artículo 107° del Código Penal. La fiscalía enfatiza la necesidad de abordar este caso con la seriedad que merece, considerando no solo el acto en sí, sino también el entorno de violencia sistemática que propició esta tragedia.

El Ministerio Público hace un llamado a la sociedad para erradicar los prejuicios que permiten la normalización de estos actos violentos. Se espera que el proceso judicial avance con celeridad, garantizando el derecho a un debido proceso.