La pesca industrial es una de las actividades económicas más importantes en el Perú. Es fuente de trabajo y de alimento para miles de familias. Además, es uno de los sectores más regulados por la importancia de salvaguardar el ecosistema marino. ¿Pero qué sucede cuando la regulación se convierte en criminalización de una actividad legal?

Durante el último año, muchos pescadores se han quedado sin trabajo por una norma específica: la Ley 31622, cuyo objetivo es combatir a los líderes, financistas y miembros de organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilegal de especies. En principio, suena como una ley positiva para luchar contra el crimen. ¿Qué tiene que ver la pesca legal?

Es común que, al momento de realizar la extracción de ejemplares en el océano, se supere el porcentaje legal permitido de especies protegidas. Existe un protocolo para estos casos, como el programa Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Además, para mitigar estos hechos circunstanciales, existe también una prohibición, sanciones administrativas para la empresa, e incluso penales cuando el caso es muy grave.

"Una cosa es el hecho circunstancial de capturar alguna otra especie durante la pesca de anchoveta, y otra es el tráfico ilegal de vida silvestre marina. No existe punto de comparación entre la pesca y las actividades ilegales a las que inicialmente fue dirigida esta norma", señaló César Córdova, abogado asesor del sindicato de pescadores José Olaya Balandra.

El experto señaló que debe entenderse como una organización criminal a un grupo de personas conformado exclusivamente para desarrollar una actividad ilegal, donde cada miembro tiene un cargo en su estructura y cumple un determinado rol, lo cual no sucede en la pesca.

El problema que presenta la norma en cuestión es que, en el sector pesquero, basta que se cometa una infracción administrativa para que constituya un delito ambiental. Es decir, bajo esta ley, un pescador puede cometer una infracción administrativa durante sus labores, y automáticamente estaría incurriendo también en el delito de extracción o tráfico ilegal de especies acuáticas.

"Tratar este hecho como si fuera cometido por una organización criminal, contando con el apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la Policía y de una serie de técnicas especiales de investigación; ha llegado ya a iniciar procesos de extinción de dominio sobre embarcaciones y dejar sin centro de trabajo a su tripulación, ¿no es acaso una desproporcionada acción en contra de una actividad legal?", aseveró Córdova.

A la fecha, hay tres grandes pesqueras industriales que ya sufrieron procesos de extinción de dominio por infracciones administrativas. Gracias a la norma, el Gobierno ha incautado o decomisado tres barcos de pesca industrial, dejando sin trabajo a toda su tripulación y perjudicando enormemente la producción pesquera nacional.

"Debemos entender que la mencionada ley fue pensada para combatir con mayores herramientas a las organizaciones criminales relacionadas al tráfico ilegal de especies, no a quienes se dedican legalmente a la extracción de recursos hidrobiológicos en nuestro país como es la pesca industrial. Es urgente que el Estado conozca el real escenario que sufren los pescadores, dejando de calificarlos como criminales, cuando solo quieren trabajar honestamente", puntualizó el abogado.